Chile busca asegurar un marco institucional confiable
Las piedras de tope del anillo energético

Discutir sobre la viabilidad de llevar a cabo un anillo energético entre países sudamericanos era uno de los objetivos principales de la 40 reunión de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) realizada en Santa Cruz, Bolivia. Las causas de que los resultados no fueran positivos para Chile (el país más interesado en el proyecto), están dadas por diferentes factores.

El anillo energético está definido como una red de conexiones de gasoductos entre países que necesitan abastecerse de energía y otros a los cuales les sobra, como es el caso de Perú y Bolivia. Chile hoy tiene un déficit en la producción interna, lo cual ya provocó problemas de energía cuando Argentina disminuyó hasta en un 50% los envíos de gas para privilegiar la demanda interna.

Con este panorama, quienes han seguido de cerca este proyecto dieron a conocer las implicancias económicas que esto podría acarrear para el país y las piedras de tope que impiden avanzar en la negociación. Según el ministro de economía, Jorge Rodríguez, "el anillo energético está postergado pero no enterrado".

Para Francisco Castañeda, director de postgrados de economía y negocios de la Universidad Andrés Bello, "el principal problema yace en la estructura institucional de los países que suministrarían el gas (Perú y Bolivia), la cual es muy inestable. Para que las empresas chilenas puedan invertir, hay que entregarles las garantías de un marco jurídico apropiado, y eso va a ser complicado que en este caso se dé".

Mucho más crítica en su análisis ha sido la directora del programa Chile Sustentable, Sara Larraín, quien en conferencia de prensa entregó el estudio "Anillo Energético Sudaméricano: Desafíos de la Integración Energética Para Chile y el Cono Sur", en el cual se critica la falta de comunicación veraz de parte del Gobierno hacia la opinión pública en cuanto al problema real de abastecimiento.

De acuerdo a lo manifestado por Larraín, el anillo energético se ha visto trabado principalmente porque "aquí se están preocupando solamente de efectuar un blindaje político en donde las protagonistas son las multinacionales, a las cuales se les está buscando entregar máximas garantías".

Por su parte, Libardo Buitrago, analista internacional, manifestó que "en el anillo energético el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debe ser el protagonista, el cual construya la certidumbre jurídica como un árbitro que da garantías. Creo que acá se está tomando este tema de manera muy superficial en la agenda pública, puesto que en un año y medio más nos podemos quedar de nuevo sin abastecimiento de electricidad".

Para Luis Pinto, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad del Pacífico, los créditos económicos que Chile puede sacar de este anillo energético debieran ser importantes. "Desde el punto de vista de los consumidores ellos podrían contar con gas natural a menor precio que los combustibles alternativos. Las empresas chilenas también accederían a energía a precios más bajos. Por último, se debe considerar que el gas natural es un elemento que tienen menor impacto en el medio ambiente", indicó.

Para entender el anillo energético
El Anillo Energético Sudamericano es una propuesta intergubernamental que pretende asegurar el abastecimiento de gas natural para Argentina, Chile, Brasil, Perú y Uruguay, y con proyección de sumar, más adelante, a Bolivia y Paraguay.

Tal como expresa Luis Pinto, director de la escuela de ingeniería comercial de la Universidad del Pacífico, "Chile hoy está en la obligación de importar energía de otros países y en ese contexto, la posibilidad de establecer esta red que lo provea de energía como gas natural u otros energéticos a un costo competitivo, asegura contar con el suministro necesario para el crecimiento de su economía".

No existe una fecha exacta que designe con precisión el nacimiento del anillo energético, aunque existen versiones de que éste se habría generado luego que Perú inaugurara el yacimiento de Camisea que alimenta dicha nación a través de un gasoducto con una extensión de poco más de 500 kilómetros.

En principio el proyecto plantea una inversión de entre U$S2.500 y US$ 3.000 millones para la construcción de 1.200 kilómetros de gasoductos para satisfacer con gas natural peruano las necesidades energéticas de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

El gas peruano provendría de Camisea, y luego de atravesar 1.200 Km. llegaría al norte de Chile. Allí se conectaría con los gasoductos de exportación "argentinos" Gas-Atacama (propiedad de CMS Energy y de Repsol YPF a través de Astra y Pluspetrol) y Norandino (propiedad de Techint y Tractebel), éste último operado por la Trasportadora de Gas del Norte (TGN: propiedad de Soldati, Techint, Total y CMS Energy).

Por medio del Subsistema Norte se transportaría el fluido a los principales núcleos urbanos del centro y este de Argentina, y mediante los gasoductos Petrouruguay (propiedad de Soldati) y Uruguayania (propiedad de Soldati, Techint, Total y CMS Energy) a Uruguay y Brasil, respectivamente. También se vislumbra que parte del gas destinado a Brasil, puede ser transportado desde el gasoducto Norandino hasta el gasoducto troncal Norte (o un paralelo al mismo que se construyera), operado por TGN, hacia Bolivia, donde a través de la red boliviana se transportaría hacia Brasil.

Los problemas que frenan el proyecto y a los inversionistas
Una de las principales trabas con las que hoy choca el proyecto de Anillo Energético es con entregar las garantías y un marco jurídico apropiado que entreguen la confianza necesaria a los inversionistas. Y es que en los últimos años, los proyectos de integración energética regional y las inversiones en este ítem han estado ausentes del escenario sudamericano.

De acuerdo a lo expresado en el estudio elaborado por el Programa Chile Sustentable y presentado por su directora, Sara Larraín, "en términos generales, los inversionistas establecen como factores críticos la inexistencia de la seguridad jurídica que garantice el cumplimiento de los contratos, ya que los financistas requieren para invertir un modelo económico sustentable y un marco regulatorio claro y estable".

Larraín va más allá y expresa que a Chile no le han comprado este modelo de anillo energético. "En la región no hay un pensamiento de mercado energético con un protagonismo para las multinacionales como en Chile. Perú y Bolivia no quieren por problemas políticos. Argentina y Brasil no tienen mayor interés y cuando uno hace entrevistas a los actores de los otros países te das cuenta de que no han comprado la propuesta. Existe otra propuesta entre Brasil, Argentina y Venezuela con mayor protagonismo de las empresas estatales por sobre las privadas, la cual creo que es más viable y más interesante".

Por su parte, Francisco Castañeda, director de postgrados de economía y negocios de la Universidad Andrés Bello, especificó que "el principal problema pasa por crear una estructura institucional para que las empresas chilenas inviertan en otro país. Si hay un anillo, tiene que existir un organismo jurídico sólido, lo que es muy difícil. En este ámbito los problemas políticos son muy importantes sobretodo de parte de Perú y Bolivia, donde puede primar algún sentimiento anti-chileno que trabe la inversión y el acuerdo".

Para Luis Pinto, director de la escuela de ingeniería comercial de la Universidad del Pacífico, "para llevar adelante la iniciativa no hay que olvidar una definición de los estudios de factibilidad técnica que permitan cuantificar las reservas de gas, su ubicación y los años estimados de su explotación. Además se debe estimar la demanda por gas y su crecimiento futuro en los países demandantes, con esto se podrá establecer los flujos de ingresos y egresos del proyecto, y se estará en condiciones de buscar las fuentes de financiamiento que esta inversión requiere, y finalmente, licitar la adjudicación del proyecto a las empresas interesadas en llevarlo adelante".

Los costos iniciales del anillo y la prioridad del tema
Como ya se dijo antes, en principio el proyecto plantea una inversión de entre U$S2.500 y US$ 3.000 millones para la construcción de 1.200 kilómetros de gasoductos para satisfacer con gas natural peruano las necesidades energéticas de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. El gas provendría desde Camisea, Perú.

De acuerdo a lo expresado por el analista internacional, Libardo Buitrago, "en un principio existe el dinero financiado por el BID para equipos técnicos que permitan avanzar y ver el grado de factibilidad de la propuesta. El BID puso sobre los US$2.500 millones".

Junto con esto, el experto en temas internacionales, se refirió a la prioridad que tiene el asunto energético en la agenda de los candidatos a la presidencia. "Este es un tema que no se ha mencionado. Me da temor que en el país no exista conciencia en torno al desabastecimiento en que estamos. Acá se habla de desempleo y de desigualdad, sin embargo, no se repara que en el corto plazo, en un año y medio más, podemos estar con problemas de electricidad nuevamente", señaló.

Por su parte, Francisco Castañeda, director de postgrados de economía y negocios de la Universidad Andrés Bello, especificó que los sistemas de cañerías y tubos que se tendrían que construir desde Perú y Bolivia los tendrían que financiar los privados. "Creo que hoy Chile debería estar pensando y avanzando como prioridad en construir matrices energéticas propias. El tema no es planteado por los presidenciable porque se le considera de largo plazo, por lo que no representa un prioridad para ellos", aseguró.

Por último, se debe consignar lo que informa el estudio elaborado por el Programa Chile Sustentable, el cual dice que "hasta ahora la realidad sudamericana es evaluada por la calificadora Standard&Poor's como de elevado riesgo institucional. En el desglose, Argentina sigue manteniendo un riesgo ''muy elevado'', el de Brasil ''elevado pero mejorando'', mientras que el de Bolivia se presenta ''muy elevado'', el de Perú ''reciente'', y sólo el de Chile representa una excepción de riesgo ''muy bajo''. Por ello, para avanzar en el proceso de integración energética -independiente de la factibilidad del anillo - los expertos coinciden en que se debería determinar como objetivo final la institucionalización de un mercado regional mayorista para petróleo y derivados (gas, y energía eléctrica)".